Culiacán, Sinaloa.— Con el propósito de fortalecer la protección y seguridad de las personas adultas mayores, así como de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense , integrado por los diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño y Angélica Díaz Quiñónez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
La propuesta busca establecer mecanismos y protocolos especializados para la atención inmediata de llamadas de auxilio y denuncias relacionadas con casos de violencia, maltrato, abandono, extravío o cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas adultas mayores y otros sectores en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con la iniciativa, actualmente la legislación estatal regula la operación del servicio de emergencias 911, pero no contempla de manera expresa protocolos especializados para la recepción, clasificación, atención prioritaria y seguimiento de reportes relacionados con violencia contra personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad.
Ante esta situación, el PAS plantea que el personal encargado de los servicios de emergencia reciba capacitación especializada, además de establecer protocolos de actuación que permitan brindar una respuesta más rápida y adecuada ante este tipo de situaciones.
La iniciativa también propone dar atención prioritaria a estas llamadas, fortalecer el uso de herramientas tecnológicas como la geolocalización y el registro seguro de incidentes, así como establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las instituciones de seguridad pública, salud, Protección Civil y los Sistemas DIF estatal y municipales.
Otro de los aspectos planteados consiste en fortalecer los protocolos policiales para que, ante un reporte, se pueda actuar de manera inmediata y realizar una canalización integral de las víctimas hacia las autoridades e instituciones competentes.
Los legisladores del PAS señalaron en la iniciativa que la protección de las personas adultas mayores requiere no solamente de disposiciones jurídicas, sino también de mecanismos institucionales que permitan que las leyes se traduzcan en una respuesta efectiva cuando una persona se encuentre en riesgo.
Como parte de la exposición de motivos, se incorporan datos que dimensionan la problemática. De acuerdo con información citada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el maltrato hacia personas mayores alcanza niveles importantes en el país, siendo el abuso psicológico uno de los tipos más frecuentes.
En el caso de Sinaloa, la iniciativa refiere datos del DIF Estatal que señalan que durante 2024 se recibieron, en promedio, entre cinco y ocho denuncias semanales relacionadas con casos de maltrato, abandono o despojo de bienes económicos y patrimoniales hacia personas con discapacidad, adultas mayores y en situación de vulnerabilidad.
El documento destaca además que el marco jurídico estatal ha avanzado en la protección de este sector de la población. En 2021 se reformó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa para incorporar expresamente conceptos relacionados con abandono y violencia, mientras que en 2025 se aprobó la tipificación del delito de abandono de personas adultas mayores.
Con esta nueva propuesta, el Grupo Parlamentario del PAS busca fortalecer los mecanismos existentes de seguridad y atención ciudadana, sin crear nuevas estructuras administrativas ni modificar las competencias sustantivas de las instituciones.
La iniciativa plantea, entre otros aspectos, capacitar al personal que opera los servicios de emergencia, establecer protocolos especializados, garantizar la atención prioritaria de estos reportes, fortalecer la coordinación interinstitucional, promover campañas para fomentar la cultura de la denuncia y establecer atribuciones específicas para las instituciones policiales preventivas.
Para el PAS, se trata de avanzar hacia un sistema de atención que permita que una llamada de auxilio no solamente sea recibida, sino atendida con rapidez, sensibilidad y protocolos adecuados, particularmente cuando esté en riesgo la seguridad, integridad y dignidad de una persona adulta mayor o de cualquier persona en situación de vulnerabilidad.
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